derecho a la defensa en el debido proceso

"El debido proceso es un principio jurídico procesal o sustantivo según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez." En los siguientes videos, se puede observar la esencia de este derecho, el . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que este principio “busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos”. Esto implica asimismo que las resoluciones que se emitan en distintas instancias deben contener, con exactitud y claridad, las razones por las cuales se llega a la conclusión que ellas contienen, la valoración de las pruebas y los fundamentos jurídicos y normativos en que se basan. article .notas-body .google-news-banner a{ El SIN deberá emitir un nuevo acto administrativo fundamentado, tomando en cuenta los pagos realizados por el contribuyente. Este derecho es esencial para el ejercicio del derecho de defensa pues el conocimiento de las razones por las cuales se le imputa a alguien la presunta comisión de un delito, permite a los abogados preparar adecuadamente los argumentos de descargo. El derecho de defensa protege el derecho a no quedar en estado de indefensión en cualquier etapa del proceso judicial o del procedimiento administrativo sancionador. El debido proceso es un principio legal estadounidense por el cual el gobierno debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Así, el derecho procesal surge regulando jurídicamente el ejercicio de la función jurisdiccional y, por tanto, no puede ser considerado un instrumento atemporal, acrítico y mecanicista, sino por el contrario, como un sistema de garantías, que posibilita la tutela judicial efectiva y en definitiva el logro de la justicia. El debido proceso está contenido en la Constitución Política de 1991 como un derecho fundamental del que gozan todas las personas, y en este sentido se precisó que las actuaciones tanto judiciales como administrativas, deben regirse por un procedimiento Para la Corte Constitucional, el defensor de una persona acusada de la comisión de un delito debe ser un profesional del Derecho, salvo casos excepcionales en los que por no contarse en el lugar con abogados titulados se acuda a los egresados o estudiantes de Derecho pertenecientes a un consultorio jurídico. Por su parte, el Tribunal Constitucional del Perú ha considerado ilegales, inconstitucionales y arbitrarios los mandatos de detención que carecen de motivación, adjetivos que asimismo ha extendido a la privación de libertad efectuada al amparo de tales resoluciones. Los Estados Unidos consideran que: […] el acceso y asistencia consular son, innegablemente, derechos ejercidos por el Estado del individuo detenido. EL DERECHO DE DEFENSA. Sobre esta disposición, la Corte Interamericana ha señalado: “En función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo llama la Cabe anotar que, en Colombia no existen importantes aportes sobre el tema de la investigación. determinados crímenes que configuran violaciones a los derechos humanos, avanzar en reformas que garanticen el debido proceso legal y asegurar el derecho a la igualdad y no discriminación, entre otras. A nivel regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha equiparado los procesos de amparo y hábeas corpus con el recurso sencillo, rápido y efectivo al que hace referencia el Artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el marco de otro proceso de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional del Perú consideró inconstitucional el artículo 17º del Decreto Legislativo 824 -Ley de lucha contra el narcotráfico- (1996), en tanto lo calificó como atentatorio del derecho a la tutela judicial efectiva, al establecer que una persona acusada de dicho delito no podía presentar un hábeas corpus si su privación de libertad era realizada en presencia de un representante del Ministerio Público a pesar de efectuarse sin orden judicial ni en flagrante delito, únicos supuestos previstos constitucionalmente para autorizar una detención,. En relación a este tema, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que si el juez en su sentencia “justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial” (subrayado nuestro). Autor de diversos artículos jurídicos en Dialogo con la jurisprudencia, Gaceta Civil & Procesal Civil, Gaceta Constitucional. "Análisis Constitucional del Debido Proceso y Derecho de Defensa en el Régimen Sancionatorio de la Contratación Administrativa del I.C.E. Este último aspecto del artículo 2033 es prueba de que el interés de los fiscales en este (y otros) casos no era el de investigar los hechos de forma exhaustiva, sino que era abusar de la detención preventiva, ya que si no existen detenidos, el sumario puede durar (demorar) "hasta tanto se agote la investigación"; o sea, por el tiempo requerido. ARIT-LPZ-RA-1060-2019 Se anula Resolución Determinativa. iv- el principio de identidad física del juzgador. Se anula Resolución Administrativa. En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a: (i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones . El derecho a tener una abogada o abogado (la asistencia letrada). El contribuyente tampoco habría sido notificado personal ni legalmente. "Si bien en principio, en lo atinente a la individualización de la pena, el ejercicio de la facultad para graduar las sanciones dentro de los límites legales no es susceptible de revisión en la instancia del art. Una de las principales ilegalidades de este caso fue sintetizado por el magistrado Benavides en el Expediente 330-15 de 17 de junio de 2015 con otro caso en el cual la fiscalía quería aplicar el derogado Libro Tercero del Código Judicial para unos aspectos del proceso en ciernes y para otros aspectos del mismo caso quería usar el vigente Código Procesal Penal. Entre el control de la criminalidad y el debido proceso, título con el que se celebran diez años de la Colección Fronteras del Derecho, permite entender cómo se ha moldeado la cultura jurídico-procesal penal y cuáles son los procesos ... Por tanto, las múltiples violaciones al debido proceso o derecho de defensa procesal cometidas en este proceso desde su inicio son otra prueba de que este caso no es más que otro caso abusivo y arbitrario de la procuradora Kenia Porcell. Registro 610. ( Ex docente de las Universidades Tecnologica del Peru, Universidad Peruana del Oriente, Universidad de San Martin de Porres) en la actualidad docente por la Universidad Cientifica del Perú. El artículo 10 del Código Penal establece que "la imposición de una sanción penal corresponderá exclusivamente a los tribunales competentes, mediante proceso legal previo, efectuado según las formalidades constitucionales y legales vigentes. La delincuencia organizada es descrita como delito de forma expresa o de cualquier otra forma por vez primera en nuestro ordenamiento legal en la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013, la cual entró a regir el 3 de marzo de 2014. El derecho a un debido proceso en materia penal se encuentra tutelado de manera conjunta, entre otros, en los artículos 1°, 14, 16, 17, 20 y 22 de la Constitución Federal, en relación . En términos generales, el Debido Proceso puede ser definido como el conjunto de “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”.Carrión Lugo la define como el “Derecho que todo justiciable tiene de iniciar o participar en un proceso teniendo, en todo su transcurso, el derecho de ser oído, de alegar, de probar, de impugnar sin restricción alguna”.Constituyen, pues, pilares fundamentales del derecho al debido proceso: la observancia de la jurisdicción y la competencia predeterminada legalmente, la defensa en juicio, la motivación de las resoluciones judiciales y la pluralidad de la instancia (Comentarios al CPC, Hinostroza Minguez). La Constitución Nacional establece el debido proceso en su artículo 29 además contempla el derecho a la defensa y a la igualdad. I. El debido proceso en Colombia en materia tributaria A. Aspectos generales La Asamblea Nacional Constituyente, que redactó, elaboró y promulgó la Constitución de 1991 [2], dio paso a un nuevo modelo cons-titucional y legal, amén de la creación de la Sin embargo, a poco andar la insuficiencia del principio anterior, derivada de su carácter meramente formal, hizo que la doctrina se extendiera al llamado debido proceso constitucional –hoy, simplemente, debido proceso–, según el cual el proceso, amén de regulado por ley formal y reservado a ésta, debe en su mismo contenido ser garantía de toda una serie de derechos y principios tendentes a proteger a la persona humana frente al silencio, al error o a la arbitrariedad, y no sólo de los aplicadores del derecho, sino también del propio legislador; con lo que se llegó a entender que la expresión de la Magna Charta law of the land se refiere, en general, a todo el sistema de las garantías todavía sólo procesales o instrumentales– implicadas en la legalidad constitucional. Esta obra plantea las inevitables relaciones disciplinares entre dogmática teleológica y derecho procesal penal para poder interpretar de manera coherente el concepto de la Responsabilidad Penal, su ausencia y causales como un eje de todo ... La característica de encontrarse reconocido, el derecho a la prueba, en todo tipo de proceso se debe principalmente a su íntima relación con el derecho a la defensa 5. El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la obligación de los Estados Parte de respetar los derechos reconocidos en ella y “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. falta de fundamentacion en acto administrativo definitivo, SIN no toma en cuenta descargos presentados correspondientes a la vista de cargo. La voluntad subyacente a la instauración de varios grados de jurisdicción significa reforzar la protección de los justiciables. EL DERECHO DE DEFENSA El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, el cual debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional.2 Es parte del debido proceso y requisito esencial de validez del mismo.3 Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la de - Sobre este tema, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido en su jurisprudencia interesantes lineamientos, los cuales presentamos a continuación. El debido proceso y el derecho a la defensa en Colombia son unos mecanismos que tiene todo ciudadano para defenderse de las acciones administrativas y judiciales de las diferentes entidades del Estado y privadas. En cuanto al Tribunal Constitucional de Bolivia, esta corporación ha señalado también que las garantías del debido proceso son aplicables a toda instancia a la que la ley atribuye capacidad de juzgar, como ocurre por ejemplo, en el caso de determinadas corporaciones de la Administración Pública. La concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. Profesor universitario. El SIN deberá emitir un nuevo acto administrativo fundamentado, tomando en cuenta los pagos realizados por el contribuyente. ¿En qué consiste el derecho a la defensa? La Sala reitera que el derecho fundamental al debido proceso, consagrado en e l artículo 29 de la Constitución Política, es una garantía para equilibrar la relación autoridad - libertad, relación que surge entre el Estado y los asociados, y está Tema de especial importancia en el ámbito del derecho de defensa es determinar quiénes pueden llevar a cabo la defensa de una persona en un proceso. A.-El debido proceso en el derecho norteamericano Cuando se inquiere por los antecedentes históricos del llamado "debido proceso de ley", la doctrina suele re La decisión de crear las Procuradurías especializadas, como las de Trata y Explotación de Personas -Nicolay J. Sánchez Crispín-. 2011-PA, en sus fundamentos 13 y 14 ha enfatizado que, "El derecho al debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo; se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o . (subrayado nuestro). Es de vital importancia hacer mención al debido proceso, establecido en nuestra Carta Magna. Por: Profr. El debido proceso, que constituye un límite a la actividad estatal, se traduce en el Derecho subjetivo tutelado que supone al conjunto de requisitos que deben observarse en todas las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente… Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de las tareas encomendadas a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sin embargo, toda norma procesal debe tener en cuenta a la hora de regular el debido proceso una doble dimensión: Orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional. El presente trabajo consta de seis capítulos, a través En segundo lugar esos presupuestos están formados por un conjunto de normas y principios referidos, por un lado, al sistema de administración de justicia en sí mismo, el cual debe ser independiente desde el punto de vista funcional y económico, así como también exclusivo y universal, en la medida en que la justicia sólo puede ser ejercida por tribunales del Poder Judicial, y en cuanto no puede haber materias, ni actos inmunes o no justiciables. El debido proceso: AntecedentesEl concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce –cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano–, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. En este sentido, el Tribunal ha precisado que la medida cautelar de detención no debe durar más del tiempo que sea necesario para el logro de los fines de la investigación. Esto daría lugar para pensar o creer, con fundamento, que la persona que entable demanda al Estado no tiene derecho a una tutela jurisdiccional efectiva; y no habría una igualdad de condiciones, y se presentaría una credibilidad dudosa para el cumplimiento de las sentencias” (subrayado nuestro). Por tanto, como aplicar un procedimiento de tramitación compleja que es aplicable de forma especial y exclusiva a la delincuencia organizada, si al tiempo de cuando ocurrieron los hechos investigados la delincuencia organizada no está descrita (no existía) ni expresa ni tácitamente (o de forma alguna) como delito en nuestro ordenamiento legal. Actividad esta que además de no existir en los hechos investigados en este caso y que se llevaron a cabo en el año 2010 a la vista de todos los entes regulatorios del sistema bancario, su existencia o no es irrelevante para lo aquí planteado. Asimismo, la Corte Interamericana ha considerado importante tomar otro criterio desarrollado por la Corte Europea para determinar la razonabilidad del plazo de duración de un proceso: el análisis global del procedimiento. XI. Esta obra constituye una herramienta necesaria para todo el que pretenda profundizar el nuevo sistema instaurado por la Convención sobre los Derechos del Niño. En este caso el Tribunal consideró que se había infringido el principio non bis in idem “que aunque no se encuentre explícitamente enunciado en (el ordenamiento constitucional peruano), constituye una garantía inmanente al contenido esencial del derecho al debido proceso penal, que se desprende tanto del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, así como de su articulación, por mandato de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la misma Constitución Política del Estado, con el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en virtud del cual el inculpado absuelto por una resolución judicial firme no puede ser sometido a un nuevo proceso por los mismos hechos”.

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